TARIFAZOS Y CLASES MEDIAS: RESISTENCIAS Y REPRESENTACIÓN

 

Resultado de imagen de flacso observatorio

Observatorio sobre políticas públicas y reforma estructural
Informe N° 8
Tarifazos y clases medias: resistencia y representación
Por Agustina Gradin

Un golpe al corazón y al bolsillo

Cuando a principios de 2016, el gobierno nacional anunciaba los primeros ajustes tarifarios en el marco de su proyecto económico, los primeros reclamos se hicieron sentir. Organizaciones de defensa al consumidor, organizaciones sociales y políticas opositoras, rodeadas de vecinas y vecinos auto convocados expresaron en la calle y en diferentes oportunidades su descontento. Recordemos a modo de anécdota, los cacerolazos que acompañaron cada anuncio, la demanda por las audiencias públicas, o las protestas de los clubes sociales por el aumento de tarifas que ponía en duda su continuidad, peligrando como espacio de contención, promoción y desarrollo comunitario, para muchas y muchos niños, jóvenes y adultos. Estas movilizaciones en el espacio público fueron respaldadas por la Corte Suprema en septiembre de 2016, obligando al Poder Ejecutivo a dar marcha atrás con el cuadro tarifario impuesto, debiendo orquestar una convocatoria a Audiencias públicas como exige el marco regulatorio de los servicios públicos. Sin embargo, y a pesar de los intentos ciudadanos de frenar el aumento de tarifas a través de la movilización, de la incidencia en el debate público, y de la participación en las audiencias, a la quita de los subsidios al gas, siguieron los servicios eléctricos, de agua, el transporte público, y los peajes. La respuesta del gobierno a la protesta fueron las inefectivas y protocolares audiencias públicas y la continuación efectiva de los ajustes de tarifas, a pesar de las mismas.

Como señala el Observatorio de la UNDAV1, para abril de 2018 se verifican incrementos acumulados promedio del 920% en energía eléctrica, del 930% en gas natural, del 122% del gas en garrafa, y del 683% en agua de 2016 a la fecha. En materia de transporte público, el informe señala subas del 455% en peajes, 224% en el boleto del tren, 207% en colectivos de corta distancia y un 66% en subtes, para el acumulado trianual. Otras tarifas de regulación estatal como el ABL (+108%) o las prepagas (+81%) también presentan aumentos considerables. Todos estos procesos de “sinceramiento tarifario”, superan claramente el índice inflacionario, trasladando a los usuarios el peso del ajuste. Este recorte de subsidios tiene un impacto concreto en términos de derechos al restringir el acceso a los servicios públicos fundamentales como agua, luz, gas y transporte, y dos impactos económicos directos. Por un lado, en la disminución del consumo familiar por el ajuste de gastos, y por otro lado, vía aumento de la inflación por su traslado a precios mayoristas y minoristas.
A su vez, tiene un impacto político claro. El principal sector perjudicado es la clase media, mellando el consenso del “cambio” construido discursivamente por “cambiemos”. La salida individual y meritocrática empieza a ser una utopía ya que los elementos estructurales del modelo económico claramente limitan su posibilidad de diferenciación social. Las tarifas impactan principalmente en el sector emprendedor de pequeños y medianos comerciantes, productores, servicios y profesionales, que encuentran dificultades para sostener sus negocios. La combinación de aumento de tarifas, inflación sostenida, y paritarias a la baja, ponen a las clases medias trabajadoras, a los y las jubiladas, y a los sectores populares vinculados a las economías populares en un escenario económico muy complicado. Las y los trabajadores organizados (en sus diferentes manifestaciones institucionales), los sectores de la economía popular y sus organizaciones, las pymes, los profesionales, los pequeños y medianos productores del agro, las organizaciones de defensa al consumidor y de la sociedad civil, entre muchos otros, se vuelven a encontrar en el espacio público a partir de un reclamo que cuestiona el núcleo duro del proyecto económico neoliberal. El modelo neoliberal tardío, empieza mostrar masas en disponibilidad ya que es evidente que no tienen destino en el actual proyecto de gobierno. La disputa, entonces, es por quién las representa.

Resistencias y articulación

Este escenario, como era previsible, genera una conflictividad social latente que tiene diversas manifestaciones y varios protagonistas. El “ruidazo” y la marcha de las velas durante el mes de abril de 2018 fueron manifestaciones multitudinarias donde la clase media fue una de las protagonistas. Obviamente estas protestas fueron una expresión concreto contra el ajuste económico liderado por el gobierno de Cambiemos, con la potencialidad de constituirse en una demanda articuladora de muchas otras. La demanda social por el aumento sostenido de tarifas atraviesa transversalmente a todos los sectores sociales y económicos, generando un abanico de alianzas y articulaciones que pueden construir un espacio de resistencias que interpele al ajuste neoliberal. El surgimiento de las multisectoriales vuelve posible agrupar con un carácter a partidario definiciones concretas de planteos políticos contra el ajuste, los despidos y el tarifazo. Este espacio social puede ser visto, necesariamente, como una continuación de la expresión de malestar social y movilización masiva que acompañó el tratamiento legislativo de la ley de reforma previsional, por ejemplo, o de la concentración y acto del 21 de febrero convocado por las centrales obreras y organizaciones sociales, del 8 de marzo y del 24 de marzo durante el 2018. En definitiva, el reclamo por el aumento de tarifa se constituye en un aglutinador, articulador de la sociedad civil contra el ajuste, una demanda articuladora de la resistencia social al gobierno de Cambiemos que tiene la potencialidad de atravesar y contener a diversos sectores sociales y económicos, partidos y organizaciones políticas, actores sindicales y sociales, etc.

La centralidad de la política

Ahora bien, un elemento distintivo y sustantivo de este nuevo ciclo de resistencias es la coincidencia y articulación entre la representación legislativa y democracia en las calles. Como en la experiencia de la Ley de reforma jubilatoria, la oposición parlamentaria intentó construir un consenso colectivo para tratar diferentes proyectos de ley contra el aumento. Esta acción colectiva, a pesar de no haber conseguido el quórum necesario, se constituye en un hecho sustantivo de la posibilidad de construir la unidad de la oposición. La resistencia social protagonizada por actores heterogéneos tiene capacidad de generar agenda propia y de instalarla, como pasó con la Ley de la doble indemnización en 2016 (posteriormente vetada por el Ejecutivo) o la Ley de Emergencia social en ese mismo año, y con el reciente debate de los proyectos de Ley de Interrupción voluntaria del Embarazo. La articulación entre la calle y el Congreso que se vivió durante las jornadas de protestas alrededor de la ley de reforma jubilatoria puso en evidencia su potencialidad en términos de resistencia popular contra el ajuste neoliberal, y en la posibilidad de construir una mayoría parlamentaria que frenara el ajuste.
Sin embargo, la principal limitación de este espacio es justamente su fragmentación y su proyección desarticulada en la política electoral. La ausencia de proyectos y liderazgos alternativos, aún con identidades políticas muy cimentadas e intensas, no termina de reflejar la movilización y el malestar que se visualiza en el espacio público. Y claramente el oficialismo es el principal beneficiario y artífice de esta situación. La judicialización de la política en nombre de la democracia es su mejor arma para favorecer la desarticulación y la fragmentación del espacio opositor. La intervención judicial de partidos políticos como el PJ nacional, y la encarcelación de ex gobernadores, de militantes políticos y sociales, y de ex funcionarios, son un claro ejemplo de cómo opera está judicialización. La presión sobre los gobernadores y sobre el sistema judicial es otro ejemplo.
El tarifazo expresa la potencialidad de la resistencia social y de la articulación con la política representativa de un abanico amplio de sectores. La demanda de carácter transversal que la atraviesa permite suponer que es un ciclo abierto de protestas que recién comienza, y que marca claramente la centralidad de la política para quienes aspiran a encontrar una alternativa al ajuste económico. La necesidad de canalizar políticamente todo ese malestar, y esa potencia social y política, es el dilema que debe interpelarnos para pensar el futuro electoral del 2019, porque ahí se pone en juego la hegemonía política del neoliberalismo tardío.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: